En los últimos años, organizaciones de derechos humanos como Global Witness y Front Line Defenders reportan en sus informes anuales que Colombia es el país con mayor número de crímenes de líderes sociales, defensores de derechos humanos y del medio ambiente.

Este año, Cali será sede de la COP16, cumbre mundial que se llevará a cabo del 19 de octubre y al 1 de noviembre y en cuya agenda oficial se contempla un balance de cómo han avanzado los países frente a la biodiversidad; además, en la COP de la gente se garantizará la participación de la ciudadanía en una nutrida agenda académica y cultural.

En la COP16, la apuesta del Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes ha sido destacar el trabajo desinteresado que llevan a cabo estos guardianes de la naturaleza, quienes generan conciencia en sus territorios, lideran la declaratoria de los derechos de los recursos naturales y llaman la atención de las autoridades sobre diversas problemáticas ambientales.

Sin estos guardianes no habría sido posible que, en 2016, mediante sentencia judicial de la Corte Constitucional, el Río Atrato (Chocó) fuese declarado sujeto de derechos. O que el páramo de Pisba, los ríos Coello, Combeima y Cocora, el río Cauca, el río Magdalena (Macizo colombiano) y la Amazonía lo fuesen también. Estas declaratorias buscan proteger los ecosistemas estratégicos con importancia no solo ecológica sino de tradiciones para comunidades étnicas y campesinas, así como el derecho de las generaciones futuras.

“Pido que se respete a las comunidades de territorios indígenas. Se sabe de antemano que las comunidades indígenas están en vías de extinción más que todo el pueblo Nükak y los Jiw. Los problemas que hay en Guaviare ahorita son 

la deforestación y tenemos una extensa grandes tierras de la selva, pero si no nos exigimos, si no reclamamos, no lo vamos a tener de aquí a 20 años”, dice Vicente Milian, hombre del pueblo Tucano en el Guaviare.

En 2018, 27 personas, entre ellos algunos menores de edad, vía acción de tutela, lograron que la Corte Suprema de Justicia fallara en favor de la protección de los derechos ambientales de generaciones futuras, declarando a la selva amazónica colombiana como sujeto de derechos, pidiéndole al gobierno nacional, a gobiernos regionales y locales, tomar medidas para la protección del medio ambiente en un momento en el que crecen las amenazas a los ecosistemas amazónicos en Colombia.

Organizaciones campesinas y étnicas iniciaron acciones legales con el fin de proteger sus territorios de procesos extractivos: de la minera de carbón en el páramo de Pisba, de la minería aurífera en el río Atrato y de la deforestación en el Amazonas, dadas las características contaminantes y carentes de control inherentes a estos procesos extractivos.

Activistas sociales y medioambientales, como Vicente y los 27 niños y jóvenes que ganaron la tutela para proteger la Amazonía, son algunos defensores del territorio que están al frente de la lucha por la protección del derecho a un ambiente sano, a la protección de las culturas que habitan los territorios y los derechos de las generaciones futuras.

Esta es una invitación a recorrer este especial de Guardianes de la naturaleza, una serie de historias sobre líderes y lideresas que defienden el amor por sus territorios y el cuidado por todos los seres vivos.