El Ministerio de Cultura tiene dentro de sus funciones fundamentales la salvaguardia, protección y manejo del patrimonio cultural material e inmaterial de la Nación. Por lo anterior, celebramos el debate público en el que autoridades locales, entes privados, medios de comunicación y ciudadanía en general discuten respecto a las oportunidades y amenazas que por cuenta de las dinámicas y cambios naturales y propios de nuestras sociedades, estos lugares, inmuebles, muebles y manifestaciones se ven envueltos.
Este es el caso del castillo de San Felipe, considerado como una de las obras de ingeniería militar más importantes construidas durante el período colonial en Latinoamérica y que tiene el privilegio de encontrarse en la ciudad de Cartagena, motivo éste de orgullo pero también de una inmensa responsabilidad. En buena medida, este inmueble es responsable de que los ingleses, comandados por el almirante Edward Vernon en 1741, no se tomara la ciudad, clave para el control de la América Española y cuyo aspecto actual y conservación le debemos al colombiano Carlos Modesto Crismatt Esquivia, quien con paciencia y mucha diligencia dedicó su vida para asegurar su restauración entre 1928 y 1970, con el apoyo de la Sociedad de Mejoras Públicas de Cartagena.
Esta edificación hace parte del patrimonio cultural de Colombia y en buena medida es responsable de que la ciudad de Cartagena esté inscrita desde 1984 en la Lista del Patrimonio Cultural de la Humanidad. Para asegurar su protección, en la Reglamentación del Centro Histórico aprobada en 1994 por el Consejo de Monumentos Nacionales se le definió un área afectada correspondiente al antiguo cerro de San Lázaro donde esta edificación se encuentra enclavada y un área de influencia o zona de amortiguamiento para asegurar que las modificaciones o edificios que se levantaran en su entorno inmediato, fueran previamente aprobados por la autoridad máxima de patrimonio en Colombia, en este caso el Ministerio de Cultura.
Con base en la norma expedida en 1994, se establece que el lugar de la construcción del proyecto Aquarela no está incluido dentro de la zona de influencia del castillo de San Felipe, por lo tanto no es competencia del Ministerio de Cultura la aprobación o no de un proyecto de este orden. Por el contrario, al no ser parte de la zona de influencia, le correspondió su aprobación a la Curaduría Urbana No. 1 y a la Alcaldía de Cartagena, teniendo en cuenta que en 2001 la autoridad local elaboró el Plan de Ordenamiento Territorial – POT-, el cual definió la edificabilidad de esa área. Al año 2017, el POT de esta ciudad no ha sido actualizado.
Como prueba de lo anterior, el Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena -IPCC-, que tiene dentro de sus objetivos primordiales "la salvaguardia del patrimonio cultural del Distrito" y como parte de sus funciones debe "asumir el manejo, control y sanciones de las actuaciones o intervenciones que se hagan sobre el patrimonio en general y especialmente las que corresponden a las intervenciones y usos arquitectónicos del Centro Histórico y la Periferia…", el 4 de mayo de 2015, emitió un concepto por escrito al arquitecto Claudio Restrepo, del proyecto Aquarela informando que la manzana 186 de Cartagena, lugar de realización de la construcción, no estaba localizado en el área de influencia del Castillo de San Felipe, mediante oficio IPCC-OFI-0000652-2015 de 4 de mayo de 2015.
Posteriormente, y a pesar de no ser competencia del Ministerio de Cultura como se establece en la Normativa de 1994 aprobada por el Consejo Nacional de Monumentos Nacionales y el Consejo de la ciudad de Cartagena, Bertha Arnedo, Directora del Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena, en el marco del lanzamiento del VII Encuentro Nacional de Patrimonio, que se llevó a cabo en Cartagena el 17 de junio de 2016, le informó de manera general al Director de Patrimonio del Ministerio de Cultura, Alberto Escovar, sobre la situación que se estaba presentando en esa ciudad en relación con la construcción de varias torres de apartamentos muy cercanas al Castillo que podían afectar su entorno, quedando pendiente la remisión de una comunicación por parte de este Instituto al Ministerio con información pertinente sobre el tema, la cual nunca llegó.
Así mismo, la señora Consuelo Rivera Pineda, Defensora Delegada para los Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la Defensoría del Pueblo, envió una comunicación al Ministerio de Cultura el 19 de agosto de 2016, en donde solicitó que se le enviara la respuesta que se le habría dado al Comité Técnico de Patrimonio Histórico y Cultural de Cartagena relacionada con el proyecto de intervención para Vivienda de Interés Social (VIS) Aquarela, en cercanías del Castillo de San Felipe. El 20 de septiembre, el Ministerio le contestó que no había recibido ninguna solicitud de parte del Comité Técnico.
Si bien el proyecto mencionado se localiza por fuera de la zona de influencia del Castillo de San Felipe, el Ministerio de Cultura inició, desde entonces, el análisis acerca de las posibilidades técnicas y jurídicas orientadas a la protección de este bien de interés cultural y su entorno.
Cabe destacar que la protección de estos bienes que conforman el patrimonio cartagenero requiere de la actualización de los lineamientos, los cuales deben ser elaborados por la Alcaldía, que conlleven a su protección y conservación. Ante las dilaciones de la autoridad municipal de elaborar el Plan Especial de Manejo y Protección -PEMP- de la ciudad, con más de una década de retraso y que a la fecha no se ha puesto en consideración del Ministerio de Cultura y del Consejo Nacional de Patrimonio Cultural - CNPC, desde esta cartera se decide elaborar el PEMP de las fortificaciones que incluyen el Castillo de San Felipe, proyecto que se inició en 2017, el cual busca, entre otros, actualizar las medidas de protección y defensa de estos inmuebles cuyo cuidado está a cargo de la Nación, en cabeza del Ministerio de Cultura y que acaba de renovar el contrato de administración sobre estos inmuebles con la Escuela Taller de Cartagena.
El Ministerio de Cultura, a pesar de no tener competencia, por no estar localizadas las obras en el marco de influencia del castillo, procede a oficiar al curador No.1 de Cartagena el 21 de febrero de 2017 y el 24 del mismo mes, envía a la funcionaria Lilyana Mojica Villamarín a esta ciudad quien, en compañía de Alfonso Cabrera Cruz, Jefe de la División de Patrimonio del IPCC, efectuó una inspección al exterior del predio, verificando que efectivamente el proyecto se encontraba fuera de la zona de influencia.
Como producto de la visita de la funcionaria, se verificó el tremendo impacto que tendrían estas edificaciones sobre el entorno del castillo. Por su parte el curador urbano, Ronald Llamas, remitió mediante carta del C.U.N°1 - 03-99B-2017 de 2 de marzo de 2017, entre otros documentos, las licencias urbanísticas, el concepto del Instituto de Patrimonio de Cultura de Cartagena, que aseguró que la manzana 186 estaba situada fuera de la Zona de Influencia del Castillo; el certificado otorgado por Corvivienda –Fondo de Vivienda de Interés Social y Reforma Urbana Distrital- de fecha 28 de abril de 2015, que señala que el proyecto se cataloga como Vivienda de Interés Social (VIS), y la Circular de 10 de diciembre de 2013, firmada por la Secretaría Distrital de Planeación, Dolly González Espinosa, con visto bueno del jefe de la Oficina Asesora Jurídica Jaime Ramírez Piñeres, y de los asesores Ronaldo Figueroa e Iván Castro.
De la comunicación remitida por el curador, el Ministerio de Cultura llama la atención a los siguientes aspectos incluidos en la Circular 10 de diciembre de 2013:
• La circular cita: “el máximo aprovechamiento del predio para el desarrollo de tantas viviendas tipo VIS o VIP como sean posible, teniendo en cuenta los costos para este tipo de vivienda que estipula la ley”.
• Apoyado en esta circular, la Curaduría Urbana No.1 le dio licencia de construcción a un proyecto que se encontraba en un sector cuya altura máxima definida por el POT de 2001 oscilaba entre 4 y 6 pisos y ahora pasó a 32 pisos.
• Al estar el proyecto por fuera del área de influencia del castillo, es potestad del Distrito de Cartagena a través del IPCC, explicar cómo pudo haber sucedido esto sin que esta modificación de la norma urbana del POT pasara por el Concejo de la Ciudad, como lo estipula la Ley 388 de 1997.
Por lo anterior, basados en la documentación enviada en marzo de 2017 por la Curaduría Urbana No.1, el Ministerio de Cultura analizó técnicamente la situación y definió la necesidad de ampliar la zona de influencia del Castillo de San Felipe, para evitar situaciones futuras de afectación al entorno de este Bien Inmueble, que no estaba suficientemente protegido. En consecuencia presentó, en sesión ordinaria del 20 de abril de 2017, al Consejo Nacional de Patrimonio Cultural -CNPC- la propuesta de ampliación de la zona de influencia del Castillo de San Felipe de Barajas, BICN, que había sido definida en 1994 por el Consejo de Monumentos Nacionales. Ese mismo día, el Consejo Nacional de Patrimonio Cultural, ente asesor máximo en temas de patrimonio cultural en nuestro país, dio concepto favorable a la propuesta de ampliación de la zona de influencia y posteriormente, el Ministerio emitió la Resolución N.° 1709 de 15 de junio de 2017, publicada en el Diario Oficial 50280 de 30 de junio de 2017.
La Resolución del CNPC amplía la zona de influencia pero no eleva en altura las construcciones permitidas. El artículo segundo, cita: “Aplicar al nuevo perímetro de la zona de influencia demarcado en el artículo primero de esta resolución, las normas urbanísticas vigentes; sin perjuicio de lo anterior, ningún desarrollo urbanístico podrá superar los 10 pisos de altura.”. Las normas urbanísticas vigentes son las contempladas en el POT de 2001, por consiguiente se respetan y de ninguna manera se alteran las decisiones definidas allí.
Es de destacar que el 4 de abril de 2017, la Ministra de Cultura, Mariana Garcés Córdoba, comunicó la preocupación del CNPC por el proyecto Aquarela al alcalde de Cartagena Manuel Vicente Duque Vásquez, mediante oficio MC05396S2017 en el cual le manifestó, entre otros aspectos, lo siguiente:
• “Al Ministerio de Cultura le preocupa, respecto de este proyecto, fundamentalmente la altura de las nuevas edificaciones y la densidad de su implantación, y considera que, si bien no se encuentra situado en la zona de influencia del Castillo, afectaría su entorno, y en consecuencia, estima inadecuado que sea construido en esa altura; por lo tanto, espera que esta situación sea reconsiderada, en beneficio de la preservación de las condiciones particulares de emplazamiento del Castillo de San Felipe de Barajas, BICN, y su contexto urbano cercano”. Esta comunicación nunca fue respondida.
En reunión sostenida el 30 de septiembre de 2017 en Cartagena, en el marco del Comité Directivo de Fortificaciones, que se lleva a cabo mensualmente, esta cartera invitó al Procurador Provincial de Cartagena, Guidobaldo Restrepo Flórez, a quien se le informó que el Ministerio de Cultura no tiene competencia frente al proyecto Aquarela, pero que este caso genera una gran preocupación. El procurador, al recibir esta información solicitó los antecedentes y procedió de acuerdo con sus competencias. Fue entonces, en ese espacio, cuando se mencionó que para ese momento el proyecto ya tenía 9 pisos construidos y la procuraduría se comprometió a estudiar el asunto y recomendó iniciar acciones legales de inmediato.
Luego de poner en conocimiento a la Procuraduría, el 11 de octubre de 2017 y ante la falta de acciones concretas por parte del Distrito de Cartagena para detener la construcción de este proyecto que claramente atenta contra el entorno del castillo de San Felipe, el Ministerio de Cultura decidió interponer una acción popular que:
• Busca que se declare judicialmente que la ejecución del proyecto urbanístico Aquarela vulnera los derechos colectivos protegidos por el artículo 88 de la Constitución Política, señalados en los literales b, d, e, f y m del artículo 4º de la Ley 472 de 1998 y que en consecuencia se solicita la suspensión inmediata de la ejecución del proyecto, para que el mismo se ajuste, de manera que proteja el Castillo de San Felipe de Barajas, que es un bien de interés cultural del ámbito Nacional.
• Igualmente se solicitó el decreto de medidas cautelares para evitar que la afectación sea aún más grave. Puntualmente se pidió la suspensión provisional de la circular 10 de 2013 de la Secretaría de Planeación Distrital de Cartagena, de las licencias de construcción otorgadas al proyecto por el curador urbano distrital No. 1 de Cartagena y la suspensión de la ejecución de las obras.
Finalmente se puede concluir que:
• El Ministerio, una vez conocido el caso y analizado el posible impacto del proyecto, y a pesar de no ser competencia de esta entidad ya que el proyecto Aquarela no se encuentra en la zona de influencia del Castillo de San Felipe, manifestó su preocupación al Distrito de Cartagena y a la Procuraduría e inició una acción popular.
• El Ministerio ha utilizado los instrumentos legales a su alcance para defender el patrimonio cultural.
• Para evitar estos casos en el futuro, el Ministerio de Cultura le recomienda a las autoridades de Cartagena elaborar, lo más pronto posible, el Plan de Manejo y Protección -PEMP- del centro histórico, que asegurará, a las próximas generaciones, la conservación y disfrute de su centro histórico, incluido el castillo San Felipe, patrimonio de los cartageneros, de los colombianos y de la Humanidad.
Para mayores informes comuníquese con:
Jaime Acuña Lezama
Periodista - Grupo de Divulgación y Prensa
Ministerio de Cultura
Teléfono 3424100 Ext. 1252
Celular: 3015988079
Bogotá, Colombia.
Ibón Munévar G.
Coordinadora
Grupo de Divulgación y Prensa
Ministerio de Cultura